Agua e higiene pública en la ciudad de México. 1878. Apuntes

Eran los tiempos en los que Justo Sierra promovía que Porfirio Díaz se convirtiera en el hombre necesario, el único capaz de establecer un gobierno fuerte que instaurara por fin la paz, dando término a años y años de guerras continuas, de inestabilidad política, social y económica, años que iban, por lo menos, de 1821 a 1876.

       También eran los años en que prevalecía la esperanza en el progreso, en la comunicación ferrocarrilera, el teléfono, el fonógrafo, la luz eléctrica, la que acabaría por fin con la penumbra nocturna si no del país, por lo menos sí de la de México capital. ¡Vaya, la luz eléctrica, tan poderosa que su calor hacía crecer las plantas y los frutos de manera espectacular –según experimentos-, que no faltó el redactor que pensara que si esa luz la ponían directamente sobre un infante, éste crecería y crecería, dándonos la oportunidad de reinstaurar una raza ya desaparecida desde hacía mucho: la de los gigantes. Una generación ya no prehistórica, sino moderna!

       Era el año de 1878. El futuro sonaba ilusorio. Sin embargo, antes había que solucionar los pendientes inmediatos, como el de la higiene de la gran capital nacional, tan hermosa ella cuando estaba libre de polvo, cuando estaba libre de aguas estancadas, cuando no escaseaba el agua, cuando no llovía demasiado, cuando no se acumulaba la basura en las calles. Es decir, tan hermosa ella muy pocos días del año. Sobre esta base, no era de extrañar que los habitantes capitalinos estuvieran asolados y en riesgo permanente por el tifo, las fiebres intermitentes, la neumonía, la parasitosis y demás enfermedades.

       Para abril de ese año, la ciudad estaba en alarma por dos causas: la escasez de agua y una fetidez insoportable debida a los desechos de los propios habitantes. Ante el peligro de alguna epidemia, la que fuera, el ministro de Fomento pidió al reconocido médico Eduardo Liceaga que convocara a una reunión urgente del Consejo de Salubridad Pública, para que sus integrantes analizaran la situación y propusieran las medidas pertinentes para solucionar cualquier peligro.

       Tras su reunión en la calle de Mariscala, el 9 de abril los miembros del Congreso Médico propusieron lo siguiente, sujeto a la aprobación del presidente del Ayuntamiento (El Siglo Diez y Nueve, 11 de abril de 1878):

1ª. Se enterrarán las materias fecales por el rumbo suroeste y a media legua de la población, en vez de arrojarlas en el lugar en que se hace actualmente.

2ª. Las compuertas de Santo Tomás y San Lázaro se cerrarán y abrirán de tal manera, que nunca quede descubierto el azolve en el canal, como está verificándose hoy.

3ª. Mientras la ciudad no disponga del agua suficiente, no deberá hacerse la limpia de las atarjeas.

4ª. Para disminuir el desprendimiento de los gases en el interior de las casas, se harán amplias ventilas sobre las tapas de las atarjeas en cada calle.

5ª. Los muladares deberán establecerse a mil quinientos metros cuando menos fuera de la ciudad y hacia el rumbo suroeste.

6ª. Se aconsejará a los habitantes y dueños de casas que derramen en las letrinas y albañales dos veces al día una mezcla compuesta de 10 litros de agua, 50 gramos de alcaparrosa verde (sulfato de hierro) y 5 de ácido carbónico (fénico); puede sustituirse este desinfectante con los hipocloritos, el agua fénica, el agua con sulfato de zinc y algunos otros.

7ª. Se aconsejará igualmente que cuando comience a salir el agua de los lugares donde ha estado detenida, no se haga uso de ella, es decir de la primera que escurra, durante cuatro horas.

       Aclaraba el Consejo, no obstante, que estas propuestas no eran sino meros paliativos inmediatos, y que el mal reincidiría si no se atacaban y destruían sus causas primitivas. Obviamente, las autoridades no podían aceptar que se les leyera la cartilla y se les condicionara en su actuar, por lo que pasaron el informe a las comisiones unidas de obras públicas, limpia, ríos, acequias y policía, dándole la categoría de “documento en vías de estudio”.

       Para principios de mayo, la respuesta de dichas comisiones fue contundente: no había dinero para cubrir los gastos que tales medidas generarían, ni eran pertinentes porque la situación no era tan grave como se suponía.

       En opinión de los redactores del periódico El Siglo Diez y Nueve, tal conclusión no tenía otro propósito que generar una disputa escolástica, o sea inútil, toda vez que el gobierno de la ciudad de México ya había tomado la decisión de dejarle el asunto a sus sucesores, en el entendido de que no se trataba de que ellos no hicieran nada, sino en el de que sus prioridades eran otras, por ejemplo la instalación del piso portland en el Zócalo. Así, entre salubridad momentánea y salubridad permanente, la opción era sencilla: aquella salía más barata, y más si buena parte de la “triste situación” se debía a la escasez de agua. Estando cerca la estación de lluvias, sólo era cuestión de esperar, que del cielo caería el remedio.

Para mayo, el Consejo de Salubridad volvió a la carga. No había problema con la pestilencia, la que tenía por origen la descomposición de la materia orgánica y que, por lo mismo, terminaría en cuanto llegaran los aires. La escasez de agua tampoco era un inconveniente grave, pues bastaba organizar los trabajos de entubación para asegurar un mayor caudal de agua ligera de los veneros de Santa Fe, el Desierto de los Leones e incluso de Chapultepec.

       Sin embargo, sí existía “un verdadero peligro”, siendo éste el de las emanaciones pantanosas, las que abundaban, ya que en ellas germinaban las bacterias causantes de las mortales enfermedades del tifo y del cólera, por mencionar dos de las principales. (El Siglo Diez y Nueve, 16 de mayo de 1878).

       Por ende, para eliminar esta causa nociva tenían que implementarse tres medidas inmediatas (El Siglo Diez y Nueve, 16 de mayo de 1878):

1ª. Deben suprimirse los lagos que rodean a la ciudad, reemplazándolos por un amplio sistema de canalización en todo el Valle.

2ª. A las aguas del mismo Valle se les debe dar corriente, tanto a las de su superficie como a las subterráneas o ambientes, procurándoles amplia salida, para que arrastren los detritos orgánicos, las sales y los atierres.

3ª. El terreno debe zanjarse por un buen sistema de drainage que haga bajar el nivel de las aguas en la tierra, y por el plantío de bosques y arboledas.

       El ayuntamiento tampoco aceptó estas sugerencias, lo que provocó el encono de la prensa. Haciéndose de la representación de la sociedad, el llamado quinto poder acusó a los munícipes no sólo de ir en contra del progreso, sino de cometer un atentado en deterioro de la humanidad doliente.

       Es claro que no faltaron los voceros que argüían que no se trataba más que de exageraciones, pero lo cierto es que las autoridades locales no abonaron nada en su favor, y sí atizaron las andanadas en su perjuicio al autorizar, primero, el retiro de una de las máquinas utilizadas en la extracción del agua de la alberca de Chapultepec; y luego con la venta privada de la propia alberca en su sección de baños públicos. ¡Inhumanos! ¡Injustos! ¡Abusivos! ¡Desconsiderados! Tales fueron algunos de los epítetos que les endilgaron. Ése fue el momento en que se hizo el llamado respecto al hecho de que si los funcionarios locales no servían, entonces era tiempo de que el Ejecutivo Federal tomara cartas en el asunto.

       El problema real era que dicha alberca estaba en posesión de un particular, pero el propietario no podía venderla a nadie toda vez que el ayuntamiento capitalino tenía derechos muy bien definidos sobre la misma, debido a que su venero era el propio de la toma federal. En todo caso, lo correcto consistía en que el ayuntamiento asumiera el usufructo completo, previo pago de las contribuciones federales. Además, la justicia de una acción así no tenía réplica, como aseguró un periodista: “Ante la conveniencia y las necesidades públicas ningún otro interés debe ser preferido.”

       El vocero de la secretaría de Fomento quiso terciar en el caso, argumentando que el gobierno de la República no tenía injerencia alguna en los acontecimientos, de manera que las autoridades de la ciudad de México eran las únicas responsables.

       Los críticos del gobierno de Díaz aprovecharon semejante deslinde, para recalcar que no sólo las aguas eran de la responsabilidad federal, sino también los bosques, en el entendido básico de que no se podía pensar en estos elementos de manera aislada, y sí muy interrelacionados. El escritor Agustín Cuenca lo definió de esta manera (El Siglo Diez y Nueve, 8 de junio de 1878):

Nadie ignora que los árboles cercanos a las poblaciones, son el mejor elemento de salubridad pública, y que en ninguna parte se puede permitir que esas devastaciones tan perjudiciales se verifiquen. En Europa y en todos los países cultos, hay ordenanzas y reglamentos que determinan el corte de árboles, y por lo mismo se conservan perfectamente los bosques y árboles para bien de las poblaciones.

       Entre nosotros no se desconocen estas disposiciones, y la policía y el buen gobierno están en su derecho para evitar tales destrucciones que nos colocan en el camino de la barbarie.

       Por desgracia no se ha cuidado con el debido celo, de impedir en nuestra República y particularmente en el Valle de México, esas devastaciones que ya nos ocasionan gravísimos perjuicios. La carestía y falta de combustible que cada día aumenta, las lluvias tan escasas que originan incalculables males a la población, y al mismo tiempo el cambio de temperatura que ha alterado notablemente la salubridad pública, se deben en gran parte a la destrucción de nuestros arbolados, y por lo mismo debe llamar la atención de un gobierno que conoce sus deberes.

       Porfirio Díaz, político contumaz curtido en la adversidad, aprovechó el momento para ganar bonos. No le desagradaba en lo absoluto la campaña reeleccionista en pro del hombre imprescindible –es decir él-, que implementaban Justo Sierra y demás intelectuales como Joaquín D. Casasús, Jorge Hammeken, Leopoldo Zamora y otros; por lo tanto, únicamente era cuestión de acomodar los tiempos y respetar los pactos como el que ya tenía en esos instantes con el general Manuel González, en torno a la sucesión presidencial.

       Por ende, para junio de 1878 tomó el toro por los cuernos y exigió al ayuntamiento, así como a los ministros de Gobernación y de Fomento, que asumieran las responsabilidades concernientes y resolvieran a favor del bienestar público. Sobre esa base, se dictarían medidas tendientes a mejorar el sistema de aguas, aparte de que se dispondría que la cuestión de la siembra de árboles fuera una prioridad a nivel nacional.

No obstante, el ayuntamiento, que en lo político estaba con el licenciado Justo Benítez y no con el general González, no tardó en volver a negociar el manejo de las aguas de Chapultepec, aprovechando para ello la llegada de las lluvias de temporal.

       Con las fuentes proveedoras llenas, los críticos prefirieron dejar la diatriba y dedicarse sólo a felicitar a la capital nacional, por deshacerse ya pronto, en cinco meses, de tan funestos funcionarios. Por supuesto, también pidieron al Consejo de Salubridad que se abocara a resolver otro eterno problema, para no variar: si la escasez de agua ocasionaba inconvenientes, su exceso igual. No en vano, bastaron unos cuantos días de lluvia para que la ciudad volviera a su cuadro de desaseo, con fango y escombros por todos lados que no hacían sino infectar el aire.

       Para agosto, tal situación obligó al Congreso Médico a debatir en torno a sus conclusiones de mayo: si en el periodo de secas el mayor inconveniente para la salud lo representaban los lagos pantanosos, y en el periodo de lluvias las aguas estancadas, no había más opción que llevar a efecto una medida imprescindible: la canalización del Valle, para que las aguas tomaran corriente y arrastraran los detritos orgánicos, las sales y cualquier otro objeto que afeara a la ciudad. (El Siglo Diez y Nueve, 23 de agosto de 1878).

       Hombre práctico y presto a escuchar en esos momentos las propuestas de sus consejeros, el presidente Porfirio Díaz se hizo eco de las sugerencias y, sin esperar el término de los debates de los expertos sanitarios señalados, ordenó que se iniciaran los trabajos de construcción del canal mayor de desagüe. Quería un proyecto rápido, sin embargo Francisco de Garay, el ingeniero encargado, le hizo ver que la incuria de siglos no podía remediarse en un día, y que se necesitarían años y millones para lograrlo. (Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos, septiembre de 1878; El Siglo Diez y Nueve, septiembre de 1878).

       Estaba en lo cierto, pues los trabajos del desagüe porfiriano concluyeron en 1910, durante los festejos del centenario independentista. Quizá la intención había sido sincera: conformar una ciudad limpia y progresista, a la par de las mejores del mundo. Sin embargo, en el fondo tal obra no resolvió el problema, sólo lo escondió y se llevó lo feo para otras partes. Lo paradójico y lamentable es que ese modelo seguimos teniendo hasta la fecha, sin duda. De la escasez ni se diga, y de las inundaciones tampoco.

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